El gobierno alemán planea tomar medidas más estrictas contra el fraude fiscal. En el futuro, las autodenuncias no conducirán automáticamente a la exención de sanciones penales. Con estas y otras medidas, el Ministro de Finanzas Klingbeil espera aumentar los ingresos del Estado.
El gobierno alemán busca abordar de manera más efectiva el fraude y la criminalidad financiera. Uno de los planes incluye eliminar la exención de sanciones penales tras una autodenuncia en su forma actual.
“Los delincuentes no deben poder simplemente comprar su salida”, afirma un plan de acción de 26 puntos contra el fraude y la criminalidad financiera que el Ministro de Finanzas, Lars Klingbeil, y la Ministra de Justicia, Stefanie Hubig, ambos del SPD, presentaron en Berlín.
Además, se pretende utilizar más intensamente a los informantes anónimos, por ejemplo, mediante la compra de datos fiscales.
Evasión fiscal como delito grave
La evasión fiscal volverá a ser considerada un delito grave, en lugar de un simple ilícito. Esto implicaría una pena mínima de un año de prisión y una máxima de hasta 15 años.
Hasta ahora, en casos especialmente graves de evasión fiscal, las penas de prisión oscilan entre seis meses y diez años.
Nuevo centro de investigación fiscal
Siguiendo el modelo del Centro Común de Lucha contra el Terrorismo, se creará un “Centro Común contra la Criminalidad Fiscal y Financiera” en la Aduana, para unificar el análisis, la investigación y la persecución de delitos como el lavado de dinero y el fraude fiscal. Funcionarios de investigación fiscales de los estados, investigadores y analistas de las agencias federales trabajarán allí en conjunto.
La Aduana cuenta actualmente con unas 49,000 posiciones, a las cuales se sumarán 1,500 nuevas. Klingbeil y Hubig también proponen crear un centro de análisis de datos con los estados federados, que utilice inteligencia artificial para asegurar una mejor coordinación.
Este personal adicional también contribuirá a mejorar la lucha contra el trabajo no declarado.
Conservación de registros durante 15 años
El gobierno también implementará un sistema electrónico que requiera a las empresas reportar su impuesto sobre el valor agregado en tiempo real. Los comprobantes de contabilidad deberán conservarse durante 15 años para que las autoridades puedan asegurar pruebas. Hasta ahora, el período de conservación era de diez años y se había reducido temporalmente a ocho años para disminuir la burocracia.
En sectores con manejo intensivo de efectivo, se introducirá también la obligatoriedad de caja registradora. Los ingresos en efectivo deberán ser registrados mediante un sistema de caja electrónica.
El gobierno espera ingresos adicionales de mil millones de euros
No obstante, varios puntos del plan de acción son vagos y carecen de medidas concretas. Principalmente se enfocan en mejorar la cooperación entre las autoridades responsables.
Aún así, el gobierno federal prevé ingresos adicionales de mil millones de euros para el año próximo. Para poner esto en perspectiva, solo el presupuesto central para 2027 contempla gastos de aproximadamente 555 mil millones de euros. Según el Ministerio de Finanzas, el déficit previsto en el presupuesto para 2028 es de 22 mil millones de euros.